LA REBELIÓN CON UN BATE

Un bate de béisbol, un pasamontañas, una pañoleta y una cadena. Esas son las evidencias con las cuales el fiscal José Luis Jaramillo pretende que 12 estudiantes secundarios, del Colegio Central Técnico, de Quito, paguen una pena de 6 años de prisión por el presunto delito de rebelión contra el Estado y atentado en contra de funcionarios públicos.  Los estudiantes serán llamados a juicio, porque el juez  Nelson de la Cadena acogió el pedido del fiscal.
Así termina una etapa del proceso que empezó tres meses atrás, cuando centenares de estudiantes salieron a las calles a protestar por los cambios en la educación técnica del país y que consideraban les afectaban directamente.  En actos vandálicos atacaron a policías y destruyeron propiedad privada y pública, según reportes oficiales. El fiscal fue más allá y endilgó a los estudiantes  una conducta desestabilizadora “porque para ello se utilizó (sic) armas”, como el bate de béisbol y la cadena, “que son instrumentos para causar graves daños y hasta la muerte”.
Las palabras del representante del Ministerio Público contrastan radicalmente con el fiscal de la causa, que no encontró razones para acusar a estos jóvenes. Cuando esto pasó, hubo la intervención del Presidente de la República, que en uno de sus enlaces semanales reaccionó exigiendo que se acuse a los estudiantes. Y eso ocurrió, pues el Fiscal distrital de Pichincha reabrió la indagación para satisfacer el pedido del poder.
Resulta por lo menos desproporcionado que a alguien se le ocurra pensar que 12 jóvenes, quienes se excedieron en su protesta sin duda, usen las "armas" que muestra la Fiscalía para desestabilizar al todopoderoso Estado.
Estos estudiantes serán juzgados por un delito mayor, y sus vidas, por empeño de las autoridades, han sido trastocadas definitivamente. Establecer penas dignas de delitos mayores para desalentar las protestas juveniles no puede ser sino un mensaje siniestro y responde a una política de mano dura y cero tolerancia a cualquier atisbo de protesta callejera. Paradójicamente, mientras este gobierno alienta acusaciones desproporcionadas de rebelión, enarbola las garantías contenidas en la Constitución, que proclama el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público. Lo que -precisamente- hacían los colegiales.