Las armas no solucionan este gravísimo problema, cuando se han destruido las instituciones y dividido y atemorizado la sociedad.
Cuando una sociedad usa a los militares como el último recurso de la fuerza del Estado ante la delincuencia y el crimen, está reconociendo que la batalla está a punto de perderse. Los ejemplos abundan en América y están a la vista la situación de México y otros países de Centroamérica. El fracaso de la estrategia del gobierno, en este caso, consiste en que las FF.AA. además de ser el último comodín, es el único que queda. Todo lo demás, desde las teorías de la seguridad ciudadana, hasta la defensa democrática pasando por los planes integrales, ha sido una constante noria de ensayo-error-ensayo-error. Y en eso se han perdido seis vitales años hasta finalmente reconocer que las novelerías tienen en este caso un costo de sangre y decadencia para una sociedad indefensa. Desde hace años, decenas de expertos habían cuestionado estas experimentaciones y advertido que no cabía equivocarse en cuanto a que el verdadero problema eran: el crimen organizado, la penetración del narcotráfico, el lavado de dinero y la lucha contra las grandes mafias del contrabando... Pero el gobierno, en su autosuficiencia, desoyó todas estas advertencias, hasta cuando llegaron las listas negras del Gafi, los señalamientos sobre un país convertido en las naciones unidas del crimen, las capturas de grandes capos de los carteles, incluidos personajes siniestros como grandes traficantes de niños africanos y otros... Mientras llovían las advertencias, las políticas de ciudadanía universal continuaron, y poderosos países miraron espantados cómo el Ecuador incrementaba una vocación prodelincuencial para convertirse en plataforma de lanzamiento para los traficantes de personas, en rutas que van desde China hacia Estados Unidos y vienen desde Haití a Brasil, o atraviesan África para hacer un atajo hacia Europa, con la consiguiente estela de corrupción, léanse documentos de identidad falsos, visas a la carta, pasaportes...
Y eso es poco frente a la violencia selectiva que se instauró en corredores del crimen que la Policía y los expertos conocen; donde mafias de diverso tipo controlan territorios enteros o arterias vitales de transporte de carga y pasajeros. Ahí se juntan ejecuciones extrajudiciales, sicariato, secuestros, lavadores de dinero, prestadiarios... Solo hay que raspar un poquito para encontrar un país de espanto. Una sociedad penetrada que no pudo controlar siquiera que no se le introduzca casi un quintal de cocaína líquida en su valija diplomática.
A la par, bajo el pretexto de la inseguridad se metieron las manos en la Justicia, pero lo que se construyó fue un ejército de fiscales y jueces atemorizados y pervertidos por el poder de turno, sobre todo en su condición de jueces bien llamado golondrinas. Ese ejército de jueces es el más vulnerable, pues ya han dado pruebas de sometimiento sin límites al poder real, que es el gobierno. No dudarán entonces en someterse a cualquier otro poder, venga de donde venga. La admonición del presidente Correa a las Fuerzas Armadas está de más y es un lavado de manos que no cambia la realidad. El Mandatario asume que los militares tienen una responsabilidad y la solución in extremis sobre una realidad perversa que se ha venido construyendo, por acción u omisión, desde las malas políticas emanadas de Carondelet. Ahora se llama a vencer en una guerra, cuando se ha dividido al país, se ha descoyuntado a las instituciones y debilitado a la prensa...
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Los militares y la guerra contra el crimen
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El oficialismo se apresta a probar la ley de Comunicación. El objetivo es convertir este derecho en un servicio público bajo su control.

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